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Bonificación de la formación en igualdad

Infórmate de qué requisitos debe cumplir la formación en igualdad al personal de tu organización para poder ser bonificada.

En nuestra primera entrada, “Financiación de la formación en igualdad”, comentamos cuándo la formación puede ser objeto de bonificación a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. También revisamos las alternativas y figuras que pueden intervenir en la formación bonificada.

A través de esta nueva entrada continuamos analizando la financiación de la formación en igualdad. Y en esta ocasión revisaremos qué requisitos debe cumplir la formación para poder ser objeto de bonificación.

Requisitos organizativos para la bonificación de la formación

Para poder optar a la bonificación de la formación a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), la formación debe cumplir con los siguientes requisitos:

Primeramente se deben adoptar medidas de protección para las personas participantes. Además de contar con un seguro de accidentes y responsabilidad civil ante terceros.
Por otro lado, debe tener una duración mínima de dos horas y no exceder de ocho horas diarias. A excepción de que toda la formación se imparta en una sola jornada.
Además, si la modalidad de impartición es presencial, el máximo de alumnado por grupo no puede exceder de 30.

Requisitos durante y después de la formación

Además de las cuestiones organizativas previas mencionadas, debe tenerse en cuenta que:

Es preciso informar a las y los participantes sobre el modelo de financiación. Y garantizar la gratuidad de la formación. (Preferiblemente por escrito, para asegurar su acreditación en caso de inspección).
El personal docente debe estar cualificado en la materia del curso. Además se debe disponer de su CV en el lugar de impartición, a disposición de una posible inspección.
El control de asistencia deber realizarse según modelo normalizado y la entidad formadora debe conservar una copia.
Se debe evaluar y comprobar la adquisición de competencias, y conservar los documentos justificativos.
También se debe entregar un certificado de asistencia o aprovechamiento, según modelo normalizado. El plazo máximo para ello es de 2 meses desde la finalización de la formación. Y se deben conservar los justificantes de su entrega, que preferiblemente serán recibís firmados u otra justificación válida. (No es válido el envío por email. Pero sí podría servir si se dispone de una plataforma digital donde se registre la descarga de documentos, por ejemplo).
Finalmente, las personas participantes deben cumplimentar un Cuestionario de Evaluación de la Calidad. Y la entidad formadora debe conservar una copia.

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Preguntas frecuentes sobre la formación programada

Financiación de la formación en igualdad

Infórmate sobre los requisitos y gestiones para poder financiar la formación en igualdad al personal de las empresas y otras organizaciones

La formación programada por las empresas para su personal se puede financiar a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Dicha financiación se realiza aplicando bonificaciones en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. Y conlleva como requisitos que la formación cumpla con los términos y límites establecidos en la legislación.

Uno de dichos términos está relacionado con la naturaleza de las acciones formativas. Éstas deben guardar relación con la actividad empresarial e ir dirigidas a la adquisición y mejora de las competencias profesionales de su personal. O también pueden responder a necesidades específicas detectadas por las empresas.

Por tanto, la formación en igualdad al personal, que se imparte cuando se detecta dicha necesidad en la empresa, puede acogerse a este tipo de financiación.

Alternativas y figuras para la formación bonificada

Las empresas pueden decidir qué formación necesitan y cómo y cuándo la realizan. Y a la hora de gestionarla pueden optar por organizar la formación por sí mismas o derivar la organización a una entidad externa.

Si la empresa organiza por sí misma la formación, asume los trámites relacionados con el cálculo y tramitación de las gestiones para la aplicación de la bonificación. Pero cuenta con la posibilidad de derivar en una Persona Gestora Administrativa Externa la comunicación del inicio y finalización de la formación. Para ello sólo sería preciso que diera de alta a una persona física en la aplicación, que sería quien realizaría dichas gestiones.

El coste de contar con esta figura habría que detallarlo aparte y sería considerado coste indirecto. Resultaría bonificable hasta un máximo del 10% del coste total de la formación, respetando los límites marcados con respecto al sumatorio de costes directos e indirectos.

Cuando la empresa organiza por sí misma la formación, puede impartirla por medios propios o contratar a la Entidad de Formación que decida.

Pero la empresa también puede optar por derivar la gestión a una Entidad Externa Organizadora. En ese caso, ésta es la que asume las gestiones relacionadas con la aplicación de la bonificación. Y sería dicha entidad la que contrataría a la entidad formadora por la que se opte. En esta situación, la Entidad de Formación deberá estar inscrita o acreditada, (en función del tipo de formación que se vaya a realizar), en los ficheros de datos del Servicio Público de Empleo y de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

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Bonificación de la formación en igualdad

La contratación pública como herramienta de igualdad

Conoce algunos de los cambios que las Administraciones Públicas están incorporando en sus procesos de contratación para integrar la igualdad de género y de oportunidades.

En 2017 se aprobó la nueva Ley de Contratos del Sector Público, siguiendo varias directivas del Parlamento Europeo (las directivas 23, 24 y 25 de 2014). Ello ha ido produciendo cambios importantes en la dinámica de las contrataciones realizadas por las entidades públicas. Ahora el sistema de contratación pública puede suponer una importante herramienta para promover la igualdad, pues ya no impera el principio de la propuesta más económica. Este criterio ha demostrado con creces que lejos de significar la mejor opción, en muchas ocasiones conlleva una menor calidad en el resultado final y en los recursos que intervienen en su proceso. Entre ellos, también los recursos humanos.

Ahora las entidades públicas pueden optar por la oferta que suponga la mejor opción calidad-precio. Y ello comporta ventajas para empresas que opten por criterios de calidad. Hasta este cambio legislativo éstas se veían penalizadas, pues la mayor calidad siempre va asociada a un mayor coste.

Las cláusulas sociales, herramientas impulsoras de la igualdad

Además ahora las entidades públicas cada vez en mayor medida optan por incluir cláusulas sociales en los pliegos de condiciones de sus ofertas. Es decir, empiezan a implicarse también a través de su propio consumo en los cambios sociales que promueven desde otros ámbitos de actuación, (como por ejemplo el normativo). Y a través del cambio en su modo de consumir, promueven y multiplican el cambio en los diferentes agentes que se relacionan con ellas, como las empresas que optan a las contrataciones públicas.

Estas cláusulas pueden consistir en incorporar criterios de acceso, que en caso de no cumplirse impiden la posibilidad de presentación. También pueden premiar el cumplimiento de ciertos criterios con puntuaciones extra. Por ejemplo, que sea un criterio de acceso el que las empresas dispongan de un Plan de Igualdad. O premiar con un punto extra a aquellas empresas que disponen de uno.

De este modo, las empresas encuentran motivaciones adicionales para incorporar criterios de igualdad de género y oportunidades en su gestión. El necesario cambio social se ve multiplicado a través de su aplicación por el entramado empresarial, llegando en mayor medida a la ciudadanía.

Inversión en igualdad para administraciones públicas y empresas

Para llevar a cabo este proceso es necesaria la sensibilización y formación al personal público, para que se sienta motivado y sepa cómo incorporar estas condiciones en los pliegos de contratación.

También el asesoramiento y formación al personal de las empresas, para poder aplicar los criterios de igualdad en su gestión y beneficiarse de sus múltiples ventajas.

Todos estos aspectos contribuyen a que la contratación pública pueda ahora ser utilizada como una potente herramienta de cambio para la igualdad social.

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Contratación Pública Responsable

Algunas ventajas de la igualdad de oportunidades

Algunas de las ventajas más destacadas de incorporar la Igualdad de Oportunidades en la gestión empresarial

Algunas de las ventajas más destacadas de incorporar la Igualdad de Oportunidades en la gestión empresarial son:

Existe una relación positiva con la rentabilidad, y por lo tanto, con los beneficios obtenidos por las organizaciones.
Permite el aprovechamiento del potencial de toda la plantilla y no únicamente de una parte de ella.
Las organizaciones resultan más atractivas para las profesionales, promoviendo, en consecuencia, la retención y captación del talento.
La incorporación de los modos de gestión y liderazgo de las mujeres enriquece y aporta valor a las organizaciones.
Se produce una mejora de la imagen interna de las organizaciones, con los consiguientes efectos positivos en la plantilla: mejor clima laboral, mayor motivación, fidelidad a la organización y rendimiento, menos bajas y menor absentismo laboral.
Valor añadido para la RSC (Responsabilidad Social Corporativa) y mejora de la imagen pública de las organizaciones, por lo que se mejoran las condiciones de acceso a la contratación con las Administraciones Públicas.
Refuerzo de la imagen de marca, que contribuye a su vez en el beneficio económico.
Disponer de un buen protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo evita pérdida de reputación y prestigio debida a la presencia de acoso sexual o discriminación.

Infórmate de qué servicios ofrece Enlaza para incorporar la Igualdad de Género y de Oportunidades en tu organización, en el apartado ¿Qué hace Enlaza? de la web.

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